Choque político en España a la espera de la decisión de un tribunal clave
Un enfrentamiento político con acusaciones cruzadas del gobierno y la oposición de "atropellar" la democracia continuaba este viernes en España luego de que el Congreso aprobara la renovación del Tribunal Constitucional, un órgano clave que decidirá el lunes si bloquea la decisión del legislativo.
"Estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solo la política, sino la jurídica", acusó desde Bruselas la noche del jueves el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, señalando a sus rivales de urdir un "complot (...) muy burdo" para paralizar la renovación del Constitucional.
"Lo que estamos viviendo por parte del gobierno (...) es el principio de la deriva que siguió Viktor Orban", replicó este viernes en la radio pública un dirigente del Partido Popular (PP, derecha), Esteban González Pons, en referencia al nacionalista ultraconservador que gobierna Hungría, acusado por el Parlamento Europeo de liderar una "autocracia".
- Pulso por el Constitucional -
El meollo de la polémica es la aprobación el jueves en el Congreso de los Diputados de una reforma legal impulsada por el gobierno de izquierda que facilitará la renovación de cuatro magistrados con el mandato vencido desde junio del Tribunal Constitucional, un órgano independiente que es el máximo intérprete de la Constitución.
Para el gobierno, la mayoría conservadora del Constitucional no permite su renovación para evitar que se instale una mayoría progresista. La oposición, de su lado, acusa a Sánchez de querer "copar" las instituciones con personas afines.
Para el PP, principal partido de oposición, la tramitación en el Congreso fue irregular ya que se hizo a través de un mecanismo legislativo de urgencia que impide mayor debate y, por ello, incluso antes de la votación, había recurrido ante el propio Constitucional para pedir medidas cautelares que paralizaran el proceso.
Efectivamente, el Constitucional se reunió de emergencia el jueves por la mañana para debatir el asunto, pero ante el pedido de varios magistrados de mayor tiempo para el análisis, la sesión quedó postergada para el lunes, y el Congreso terminó aprobando la reforma horas más tarde.
Pero el Constitucional puede aún otorgar medidas cautelares el lunes, lo que dejaría su renovación en el aire, ya que todavía falta que sea validada el jueves próximo por el Senado.
"Le pido al PP que retire el recurso" en el Constitucional para evitar que ocurra algo "que no ha pasado en más de 40 años de democracia en España y es que se pare" una tramitación en el Parlamento, pidió este viernes ante periodistas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
- "Tricornios" y "togas" -
La gresca política en este país muy polarizado quedó patente en el debate en el Congreso, donde los socialistas compararon el intento del PP de frenar la reforma con el frustrado golpe de Estado de febrero de 1981, cuando un pelotón de guardias civiles tomó por las armas el Congreso en una aún joven democracia a pocos años de la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
Al igual que en ese año quisieron "parar un pleno y la democracia por medio de tricornios" (el sombrero típico de la Guardia Civil), el PP la quiere parar ahora con "togas" (jueces), denunció durante el debate el diputado socialista Felipe Sicilia.
"Atropellos como el que hemos vivido" este jueves de "reformar leyes en 24 horas para copar las instituciones, los vamos a parar en las urnas", en las elecciones que deben realizarse a finales de 2023, respondió la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
En el trasfondo de todo este asunto se encuentra el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato expiró hace cuatro años, y que es el órgano que se encarga entre otras cosas de nombrar a los jueces, entre ellos dos de los magistrados del Constitucional.
Esta crisis, que hace que en la práctica no se puedan reemplazar vacantes ni en el Constitucional ni en el Tribunal Supremo y se acumulen los asuntos sin resolver, ha provocado toques de atención para Madrid desde la Comisión Europea.
D.Torres--ESF