Justicia española retira el principal cargo contra Carles Puigdemont
La justicia española retiró el jueves el cargo de sedición contra el expresidente catalán Carles Puigdemont por el intento de secesión de 2017, después de que el gobierno de izquierdas suprimiera este delito, según la oposición para compensar el apoyo parlamentario de los independentistas catalanes.
El juez del Tribunal Supremo encargado de la causa contra el exlíder separatista "aplica la derogación de la sedición a Puigdemont pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia", indicó el organismo en un comunicado emitido en el mismo día de la entrada en vigor de la reforma.
El juez instructor mantiene a Puigdemont los delitos de desobediencia y malversación, por el dinero público supuestamente desviado para el intento secesionista, que aún podrían valerle varios años de cárcel.
El delito de sedición, principal cargo por el que la justicia española procesó a Puigdemont -y central en la condena a 13 años de cárcel impuesta a quien fuera su vicepresidente regional, Oriol Junqueras- fue derogado del Código Penal con la reforma aprobada a finales de diciembre en el Parlamento.
Sustituido ahora por un delito agravado de desórdenes públicos, que conlleva penas más suaves, la nueva tipología no puede ser aplicada a Puigdemont, según estima el magistrado Pablo Llarena en su auto, donde lamenta que la nueva ley "aporta un contexto cercano a la despenalización" de los hechos de 2017.
La ministra de Justicia española, Pilar Llop, justificó este jueves aquella reforma asegurando que "es importante restaurar la convivencia en Cataluña" y dar a las cuestiones política "una solución política", no judicial.
- Posible regreso de Puigdemont -
El magistrado declara, por tanto, sin efecto las órdenes europeas de detención vigentes y pospone le emisión de unas nuevas hasta que la justicia europea decida las cuestiones sobre la inmunidad de Puigdemont como europarlamentario y el propio alcance de estas órdenes.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró a la prensa en Bruselas que ahora esperaran a que la justicia europea se pronuncie sobre el suplicatorio sobre su inmunidad para plantearse el retorno a España.
"En cuanto salga esa sentencia tomaremos la decisión sobre la fecha", dijo Boyé, que denunció el "ánimo persecutorio" de la justicia española.
La controvertida reforma del Código Penal fue aprobada antes de Navidad en medio de una intensa polémica con los partidos de la oposición, e incluso dentro de las mismas filas del presidente socialista Pedro Sánchez, ante lo que consideraban una peligrosa concesión del ejecutivo a sus socios parlamentarios independentistas.
- La oposición denuncia -
"Pedro Sánchez cumple sus promesas: Puigdemont volverá a España... con alfombra roja", criticó este jueves Elías Bendodo, el coordinador general del opositor Partido Popular (PP, derecha).
El mandatario socialista, quien reconoció que sus iniciativas eran "arriesgadas" pero necesarias para superar la grave crisis política de 2017, hizo de la distensión en Cataluña una de sus prioridades tras su llegada al poder un año después.
Desde entonces, retomó el diálogo con los independentistas y, en junio de 2021 decidió indultar a los nueve dirigentes secesionistas que cumplían penas de 9 a 13 años de prisión por delito de sedición, y en algunos casos, también por malversación.
Sus condenas de inhabilitación están todavía vigentes y podrían revisarse tras la entrada en vigor de la nueva reforma.
En el poder regional, y aliado de Sánchez en el Parlamento español, el partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) valoró "positivamente el reconocimiento, por parte del propio juez Llarena de que no hay ninguna sustitución del delito de sedición, sino que se ha producido su eliminación efectiva", en un comunicado emitido el jueves, felicitándose por los avances en las negociaciones.
La formación de Puigdemont, Junts X Cat, rival electoral de ERC y muy crítica con su diálogo con Madrid, todavía no se ha pronunciado oficialmente.
I.Santos--ESF