El Siglo Futuro - Brasil es "frágil" para frenar minería ilegal, dice alta funcionaria de Lula

Joenia Wapichana se convirtió en febrero en la primera representante aborigen al frente de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), ente clave del gobierno encargado de demarcar, vigilar y promover el desarrollo en las tierras indígenas.

No fue su primer hito: fue también la primera mujer indígena en formarse como abogada en Brasil y la primera en ocupar un escaño en la Cámara de Diputados.

En la Funai, Wapichana asumió el cargo en medio de una crisis humanitaria en territorio de la etnia yanomami, donde centenares de niños murieron el año pasado por falta de alimentos o enfermedades atribuidas a las actividades mineras clandestinas.

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva ordenó una investigación policial por "genocidio" y una robusta operación armada para expulsar a los "garimpeiros", como se conoce a los buscadores de oro irregulares.

"A partir de ahí vamos a mantener una fiscalización más permanente y fortalecer las bases de la Funai" en ese territorio ubicado en su estado natal de Roraima, dice Wapichana, de 49 años, en su oficina en Brasilia.

- Sistema "inmaduro" -

En este país de tamaño continental, al menos 30% del oro extraído entre enero de 2021 y junio de 2022 puede ser considerado irregular, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais.

"Brasil aún no tiene una forma de frenar el comercio de oro ilegal. Es muy frágil", admite.

Y es que para comercializar oro basta con declarar de "buena fe" que el origen es legal, eximiendo a las autoridades de las tareas de verificación.

El sistema "es muy inmaduro aún", dice esta mujer de oscura cabellera que suele adornar con coronas de plumas.

La tarea de Wapichana choca además con un presupuesto limitado: el Congreso asignó a la Funai 600 millones de reales (unos 120 millones de dólares) para 2023, pero la mayoría está destinado a gastos administrativos, dejando solo una sexta parte para labores clave como demarcación y vigilancia de tierras.

Debería ser al menos el doble, señala.

La abogada espera obtener recursos mediante el Fondo Amazonía, financiado principalmente por Alemania y Noruega para la conservación de la selva tropical y resucitado con Lula tras estar paralizado durante parte del mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022).

También espera ayuda del fondo aprobado en la COP27 para los países vulnerables a desastres causados por el clima, cuya operatividad, sin embargo, no será inmediata.

"La contribución de los pueblos indígenas en combatir los efectos del cambio climático" protegiendo la naturaleza "debe ser compensada", reivindica.

Según el último censo disponible de 2010, unas 800.000 personas se reconocían como indígenas y muchos viven en las tierras protegidas que ocupan 13,75% del territorio brasileño.

- "Resistencia" -

Wapichana denuncia por otro lado un "desguace" de la Funai durante el mandato de Bolsonaro, defensor de la apertura de las tierras indígenas a las actividades extractivas.

El excapitán del Ejército colocó al frente del organismo a responsables sin experiencia -un militar y después un policía- a la vez que cumplió su promesa de "no demarcar un centímetro más de tierra" indígena.

Además, a la par con el aumento de los precios del oro, la minería ilegal se disparó en los últimos años en la Amazonía brasileña, con una destrucción récord de 125 km2 en 2021, según datos oficiales.

Bolsonaro "estimuló la entrada de invasores, negó derechos y contribuyó incluso a la discriminación de los pueblos indígenas, que sufrieron persecución y criminalización", denuncia la funcionaria.

Revertir todo eso es su "misión", dice Wapichana, que ve su trayectoria pública como una "resistencia personal", especialmente contra los prejuicios que ven a las mujeres indígenas en Brasil como "solo empleadas domésticas y sumisas".

"Quiero decir: +nosotras somos parte de este país, queremos sentarnos en la mesa de igual a igual+".

M.Echeverria--ESF